El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló tras el final de la sesión parlamentaria que “la ley que regula el poder judicial no incluye nada relacionado con la independencia del poder judicial, y esta afirmación es para no mentir a algunos de nosotros como diputados o a la opinión pública engañándola con que estamos aprobando una ley que incluye la independencia del poder judicial”, señalando que “la ley viola los principios generales de independencia judicial que fueron recomendados por la Comisión de Venecia a petición del Líbano”.
Bassil añadió: “Hay un principio básico de independencia judicial que incluye un equilibrio entre la autoridad judicial y el juez individual, de modo que no haya intimidación o “tiranía” ni por parte de la autoridad judicial sobre el juez ni por parte del juez sobre los demandantes, algo que falta por completo”.
Bassil señaló la “ausencia total de independencia financiera” y se preguntó: “¿Cómo va a haber independencia judicial para el juez si no tiene independencia financiera y los jueces tienen que esperar a recibir sus salarios tras la firma del ministro o de la autoridad política, y no tienen un presupuesto especial, y el Consejo Supremo Judicial no tiene poder ni para gastar ni para tomar la decisión, y el juez no tiene la garantía financiera para que no sea vulnerable al chantaje financiero como ocurre en el sistema judicial?”.
Bassil abordó la cuestión de la elección del Consejo Superior de la Magistratura, señalando que “en lugar de elegir a todos los miembros, sólo se elige a cuatro y el resto son nombrados”. Añadió: “Cuando las formaciones judiciales se emiten por decreto, requieren las firmas del Presidente de la República, el Primer Ministro, el Ministro de Finanzas y el Ministro de Justicia, lo que significa que no hay independencia en la formación de los jueces cuando deberían emitirse por decisión”. Continuó: “¿No es extraño que ayer se emitieran las formaciones judiciales y hoy se discuta en la Cámara de Representantes la ley de independencia judicial, por qué no esperaron a mañana para emitir las formaciones según el mecanismo que incluye la independencia?”.
Bassil señaló que sobre la cuestión de la reestructuración de los bancos, hay un desastre y se supone que debe determinar el tamaño de las pérdidas antes de determinar cómo distribuirlas: “Pero aquí quieren sacar una ley para repartir las pérdidas que no especifica cómo hacerlo, y da legalidad al banco y vincula la aplicación de esta ley a otra ley, que es la ley para determinar el desfase financiero
Bassil señaló que “lo que debería ocurrir es lo contrario, es decir, que la ley de brecha financiera se expidiera primero o que las dos leyes se expidieran juntas, pero si la ley se expide hoy en el parlamento e incluye un artículo que habla de no poder aplicar esta ley hasta después de que se apruebe la ley de brecha financiera, esto significa que la ley será objeto de impugnación ante el Consejo Constitucional.”
Bassil continuó: “Entonces el Consejo Constitucional eliminará este artículo y emitirá la ley sin él, y entonces el parlamento habrá dado un instrumento legislativo y el derecho a deducir el dinero de los depositantes a través de bancos sin haber proporcionado otras soluciones, y lo que debe ocurrir es la emisión de la ley de brecha financiera, de lo contrario este artículo del que hablé debe ser eliminado por completo.”
Bassil continuó: “El tamaño de la brecha financiera es de 72.000 millones de dólares y la cantidad no está disponible y debe ser cubierta por un gran retorno adicional, que es la recuperación de los fondos transferidos al extranjero de manera discrecional e injusta.”
Señaló que “hay una negativa del parlamento para aprobarlo, y lo presentamos hace cinco años y no fue aprobado, y hoy hay una oportunidad para poner un artículo en la ley actual que incluye dar autoridad a la Autoridad Bancaria Suprema y tener la capacidad de recuperar un grupo de fondos transferidos de manera discrecional”.
Explicó: “Tenemos dudas de que el parlamento acepte el tema porque se sabe para quién y cómo se transfirieron estos fondos antes y después del 17 de octubre de 2019, y las transferencias seguían en curso de manera discrecional hasta el 30 de junio de 2025.”
Concluyó subrayando que “esta ley se aprobó sólo para decir a la comunidad internacional que aprobamos una ley de reforma, pero la verdad no es así, porque lo que se aprobó es una ley cuya aplicación está suspendida por otra ley y no es una ley de reforma.”